El pasado 31 de enero, el think tank Gure Txoko de SAE organizó una ponencia sobre los eventos de pública concurrencia, su regulación y organización, así como la jurisprudencia relacionada con este ámbito. El ponente fue José Julián Isturitz, doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en sistemas de atención de emergencias y protección civil.
El evento, que tuvo lugar en el Hotel Abba Euskalduna de Bilbao, contó con la asistencia de un número importante de personas interesadas en el tema, entre las que se encontraban profesionales del sector, representantes de instituciones públicas y privadas, y miembros de la sociedad civil.
La ponencia se centró en el análisis del caso del Madrid Arena, ocurrido en 2012, en el que fallecieron cinco jóvenes por una avalancha humana durante una fiesta de Halloween. Isturitz explicó los criterios para definir un evento de pública concurrencia, las obligaciones y responsabilidades de los organizadores y las administraciones públicas, los planes de autoprotección y emergencia, los recursos sanitarios y de seguridad, o los supuestos de responsabilidad civil y penal derivados de los daños causados a los asistentes o a terceros.
En su ponencia sobre la regulación y organización de los eventos de pública concurrencia, el doctor José Julián Isturitz destacó la importancia de la prevención, la planificación y la coordinación para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que participan en este tipo de eventos. Asimismo, señaló los riesgos y las consecuencias que pueden derivarse de una mala gestión, tanto para los afectados como para los responsables.
La posición de garante fue uno de los temas que abordó en su ponencia, explicó que los organizadores de estos eventos tienen la posición de garante respecto a la seguridad y el bienestar de los asistentes, y que deben cumplir con una serie de obligaciones legales, técnicas y éticas. Manifestó que los organizadores de estos eventos deben cumplir con una serie de obligaciones, que implican la elaboración de planes de autoprotección y emergencia, la contratación de recursos sanitarios y de seguridad, el control del aforo y acceso, o la información y la ayuda a los asistentes.
Asimismo, señaló que la posición de garante implica la obligación de socorrer a quien se encuentra en situación de peligro manifiesto y grave, y que la omisión de este deber puede tener consecuencias penales, civiles y administrativas. El ponente hizo hincapié en la responsabilidad por omisión del deber de ayuda, que implica la obligación de socorrer a quien se encuentra en situación de peligro. Esta responsabilidad recae tanto en los organizadores como en los empleados, los proveedores, las instituciones, los agentes públicos o los propios asistentes. Isturitz puso como ejemplo el caso del Madrid Arena, en el que se produjeron varias muertes por una avalancha humana, y en el que se ha condenado a varios responsables por no prestar auxilio a las víctimas.
También se refirió al patrón delincuencial motivado por el ánimo de lucro, que supone la búsqueda de beneficios económicos a costa de incumplir las normas de seguridad y de poner en riesgo la vida de las personas. Isturitz denunció que este tipo de conductas son demasiado frecuentes en el sector de los eventos de pública concurrencia, y que pueden acarrear graves consecuencias penales, civiles y administrativas.
Además, Isturitz explicó el concepto de culpa “in vigilando”, que se refiere a la responsabilidad que tiene el superior jerárquico por los actos u omisiones de sus subordinados. Según el ponente, esta responsabilidad implica que los organizadores de los eventos deben supervisar y controlar el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de sus empleados, proveedores y colaboradores, y que deben asumir las consecuencias de no hacerlo.
Además, advirtió de la cadena desafortunada de decisiones erróneas, cuyo origen está en la no toma de decisiones pensando que “esto se ha hecho siempre así y nunca ha pasado nada”. La decisión de mirar hacia otro lado cuando se detectan pequeños incumplimientos que, unidos en una concatenación de circunstancias, se convierten en consecuencias penales con penas de cárcel para intervinientes de todos los niveles.
El ponente concluyó su exposición haciendo un llamamiento a la concienciación, la formación y la profesionalización de todos los agentes implicados en la organización y gestión de los eventos de pública concurrencia, así como a la colaboración y el respeto entre los mismos.